Autor: Érika Ramírez Sección: Campo 10 Enero 2010
Con un sueldo superior a los 75 mil pesos mensuales, Sandra Patricia Piña Salinas, excoordinadora técnica de Agrobio México –asociación que reúne a las trasnacionales que sembrarán maíz transgénico en el país?, se encuentra al frente de la Dirección de Políticas y Normatividad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo público dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Otro caso es el de la exempleada de PHI México, Silvia Elena Rojas Villegas, ahora directora de Bioseguridad para organismos genéticamente modificados de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Rojas Villegas, quien percibe una remuneración mayor a los 45 mil pesos mensuales, erogados del presupuesto del Senasica, ha estado vinculada en la aprobación de 24 permisos de siembra experimental de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de sus otrora empleadores.
De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la Administración Pública Federal, Piña Salinas desarrolla funciones de directora técnica en la dependencia encargada de "formular y coordinar las políticas nacionales de bioseguridad de OGM".
Bajo la clave MC23E, la excoordinadora técnica de Agrobio –que agrupa a las multinacionales Monsanto, Pioneer, Bayer y Dow Agroscience– obtiene del erario 78 mil 805.40 pesos cada mes.
En tanto, el portal de transparencia de la Cibiogem muestra que a partir del 9 de febrero de 2009, Silvia Elena Rojas Villegas percibe 47 mil 973 pesos al mes.
Apenas iniciaba la autorización de la experimentación de transgénicos en el norte del país, cuando la organización ambientalista Greenpeace México denunciaba públicamente la "infiltración" de estas dos excolaboradoras de la agroindustria.
Aprobaciones parciales
De acuerdo con el Estatus de solicitudes de maíz 2009, elaborado por la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (que preside Silvia Elena Rojas Villegas), han sido aprobadas 24 solicitudes de siembra experimental de transgénicos del principal alimento de los mexicanos.
El documento indica que hasta el 13 de noviembre pasado, el 50 por ciento de las autorizaciones favorece a la sociedad de las empresas Dow Agrosciences y PHI México, mientras que el resto ha sido concedido a la trasnacional de origen estadunidense Monsanto.
Será a partir de los ciclos agrícolas venideros que Dow Agrosciences y PHI México podrán introducir su patente DAS-01507-1, así como la de su aparente competidor MON-00603-06, a terrenos federales y particulares en el Valle del Yaqui, Sonora; Cuahutémoc y Delicias Jiménez, Chihuahua; Río Bravo y Díaz Ordaz, Tamaulipas; y Los Mochis, Culiacán, Angostura y Navolato, en Sonora.
Todavía, el 6 de septiembre de 2005, Piña Salinas se presentaba ante científicos y estudiosos de los OGM como coordinadora Técnica de Agrobio México. La ahora funcionaria impartió la conferencia Regulación en México en Materia de Bioseguridad, ante los miembros de la Unidad Académica Multidisciplinaría Agronomía y Ciencias de la Universidad de Tamaulipas y la Fundación Produce Tamaulipas.
En su exposición, muestra un boletín informativo de la Fundación (organización de productores tamaulipecos), Piña Salinas daba a conocer los "beneficios de la aplicación de la biotecnología en la agricultura con bases científicas y sólidas".
En tanto, la semblanza curricular de Silvia Elena Rojas Villegas indica que, luego de su paso por el Tribunal Superior Agrario, a la actual funcionaria se le presentó "la oportunidad de prestar sus servicios en el negocio de PHI México, perteneciente a la plataforma de agricultura y nutrición del Corporativo Dupont, particularmente en el grupo de regulación y relación industrial de México y norte de Latinoamérica para la Biotecnología Moderna.
"Su objetivo principal en la iniciativa privada fue el de atender las actividades relacionadas a la regulación en México y norte de Latinoamérica tales como leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y proyectos legislativos nacionales e internacionales de OGM en siembra, consumo animal, consumo humano, y en sus respectivas actividades de importación y de reexportación bajo el enfoque de la política biotecnológica internacional y regulación científica", informa la Fundación Produce Guanajuato.
Las leyes incumplidas
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos determina que es obligación de los funcionarios "excusarse de intervenir" en los asuntos que puedan beneficiar, entre otros, a aquellos con los que se hayan tenido relaciones profesionales o negocios.
La disposición oficial, a la que están obligadas Sandra Patricia Piña Salinas y Silvia Elena Rojas Villegas, en su capítulo 8, fracción XI dicta que deben "excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
"El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos".
Aleira Lara, coordinadora de la Campaña Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México, recalca que las ahora funcionarias también "incumplen" con el artículo 7 de la misma ley, que indica: "Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público".
Es "alarmante" que gente de la agroindustria esté trabajando en puestos clave como servidores públicos, en la elaboración de políticas y otorgamiento de permisos para la siembra de transgénicos. La colocación de estas dos personas es una "estrategia" de las empresas para favorecer sus intereses, dice en entrevista Aleira Lara.
Organizaciones desamparadas
Contrario al posible conflicto de intereses en la autorización de los permisos para la siembra experimental de los transgénicos, organizaciones campesinas y ambientalistas son rechazadas jurídicamente ante una solicitud de amparo interpuesta en tribunales. Esta última, solicita declarar como "inconstitucional" el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que abre el paso a la siembra experimental de maíz transgénico.
De acuerdo con el amparo indirecto promovido ante el juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, por Catherine Marielle Meyer, apoderada legal de la asociación civil Grupo de Estudios Ambientales (GEA), el reglamento impugnado "no establece la obligación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de valorar y comprobar la información que haya sido proporcionada por el promovente (agroindustria), junto con la solicitud de permiso para liberación experimental, en programa piloto o comercial de OGM, lo cual constituye una omisión que hace inconstitucional el reglamento…"
La especialista en problemas ambientales explica que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados tiene como finalidades, entre otras, establecer criterios para la evaluación de posibles riesgos que puedan ocasionar las actividades con OGM, a fin de garantizar el nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana, del medio ambiente y la sanidad animal, vegetal y acuícola.
"En efecto, si la Semarnat únicamente valora la información proporcionada por el propio interesado (ya sea Monsanto, PHI, Pioneer o Dow Agroscience), no hace efectivos los principios en materia de bioseguridad", acentúa Marielle Meyer.
Bajo el mismo precepto legal, Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, presentó el 26 de mayo de 2008 la solicitud de amparo correspondiente ante el mismo juez de distrito que lo hizo GEA.
Cruz Hernández agrega en su alegato que la ley de bioseguridad de OGM "viola en nuestro perjuicio las garantías de legalidad de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar".
Ambas solicitudes fueron resueltas el 31 de diciembre de 2008 por la juez décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Mónica Soto Bueno, quien determinó que los juicios se sobreseían porque no se acreditó el interés jurídico, ya que los "agravios" manifestados por los quejosos deben ser "directos".
Es decir, explica en entrevista, deberemos esperar a que la siembra de maíz transgénico tenga efectos en nuestra salud, el medio ambiente o en nuestras semillas nativas, situación "absurda" avalada por el aparato de justicia mexicano.
Puerta giratoria en México
Marie-Monique Robin, autora del libro El Mundo Según Monsanto. De la dioxina a los OGM. Una multinacional que les desea lo mejor, explica en su obra que la contratación de personal proveniente de empresas particulares en cargos públicos ha influido en la toma de decisiones de las políticas públicas en Estados Unidos.
La periodista y documentalista francesa, que en su libro revela las formas en que opera Monsanto en diversas partes del mundo, indica que en el país vecino se designa el término "revolving doors o puertas giratorias a la contratación por parte de las agencias gubernamentales de empleados surgidos de la empresa privada y viceversa".
Un caso muestra es el de la publicación de un artículo elaborado por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) en la revista estadunidense Science, elaborado por Susan Sechen.
La periodista indica que el "controvertido" artículo, a favor de la trasnacional Monsanto, fue revisado por Dale Bauman, doctor adscrito al Centro de Medicina Veterinaria de la FDA, quien había sido profesor de Susan Sechen. Dale Bauman, tenía como superior jerárquico a Margaret Miller, quien había trabajado en Monsanto de 1985 a 1989.
Además, menciona el trabajo de un abogado de nombre Michael Taylor, quien forma parte del esquema de revolving doors. Este último personaje formó parte de la FDA, de 1976 a 1980, "donde participó en la redacción de documentos concernientes a la seguridad alimentaria para el Federal Register (…). En 1981 entra al prestigioso bufete King y Spalding de Atlanta, cuyos clientes se llaman Cocacola y Monsanto". (ER)
AHANAOA A.C.
Miguel Leopoldo Alvarado, N. D.
